María Isabel Urruria, a juicio

La exministra del Deporte y campeona olímpica María Isabel Urrutia fue acusada formalmente por la Fiscalía General de la Nación debido a presuntas irregularidades en un contrato relacionado con la implementación de un sistema de control de ingreso a los estadios de fútbol. La investigación apunta a un convenio interadministrativo que superó los 4.950 millones de pesos y que fue celebrado durante su gestión al frente de esa cartera.

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia le atribuyó los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. El caso se remonta a la contratación de servicios para desarrollar el Sistema de Validación Nacional, una herramienta contemplada en el Decreto 1622 de 2022 que pretendía identificar a los aficionados mediante sus documentos de identidad, verificar sus antecedentes y controlar el acceso a los escenarios deportivos.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos presentada por el ente investigador, el Ministerio del Deporte contrató directamente a Aldesarrollo para realizar el análisis de implementación del sistema y del proceso de ingreso a los estadios. Sin embargo, la Fiscalía considera que el procedimiento habría desconocido las normas que garantizaban la participación de diferentes oferentes y que, además, habría estado orientado a favorecer la contratación posterior de una particular cuya intervención presuntamente se habría definido con anticipación.

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Las pesquisas también señalaron deficiencias en la planeación del negocio jurídico, particularmente por la supuesta ausencia de estudios de mercado y mecanismos para establecer los costos de las actividades contratadas. A esto se suman las advertencias que, según la Fiscalía, realizaron funcionarios de las áreas técnica y jurídica del Ministerio del Deporte sobre posibles irregularidades en los trámites previos. No obstante, Urrutia habría continuado con el procedimiento y suscrito el convenio el 30 de diciembre de 2022.

Otro de los señalamientos tiene que ver con presuntas inconsistencias en documentos oficiales utilizados para justificar la contratación. La Fiscalía sostiene que tanto los estudios previos como el acto administrativo de justificación habrían incorporado información contraria a la verdad. Por estos hechos, la exministra deberá enfrentar el proceso judicial en el que se determinará si incurrió en las conductas que le atribuye el organismo investigador.