Impulso a la construcción de infraestructura deportiva en Colombia
El Ministerio del Deporte orienta mediante la asistencia técnica a las entidades formuladoras en aspectos como estudios, presupuesto y documentación requerida
El Ministerio del Deporte ha emitido la Resolución 000933 de 2024, una normativa que prioriza la inclusión y atención a comunidades vulnerables mediante la construcción y adecuación de espacios deportivos y recreativos. Esta medida busca garantizar que niñas, niños y jóvenes accedan al derecho fundamental de practicar deporte y participar en actividades recreativas.
La resolución establece criterios para la financiación, cofinanciación y viabilidad técnica de proyectos de infraestructura deportiva, enfocándose en comunidades con necesidades diferenciales. Además, fomenta la inclusión social y la reducción de desigualdades a través de espacios funcionales y sostenibles que responden a realidades sociales, territoriales y ambientales.
El Ministerio del Deporte ofrece asistencia técnica a las entidades responsables de formular proyectos, orientándolas en aspectos como estudios, presupuestos y requisitos documentales. Sin embargo, aclara que la viabilidad final de los proyectos recae en estas entidades. En colaboración con el Departamento Nacional de Planeación, se han desarrollado modelos de proyectos tipo para facilitar el trabajo de entes territoriales con recursos limitados.
Los proyectos deben cumplir requisitos específicos que garanticen su sostenibilidad e impacto positivo en lo social, económico y ambiental. También se alinean con los planes de desarrollo nacional y territorial, asegurando que respondan a prioridades estratégicas de cada región.
Finalmente, la resolución incluye un régimen de transición para proyectos en trámite bajo normativas previas, permitiendo su finalización bajo la vigencia de 2024. Los responsables podrán optar por regirse bajo esta nueva normativa o seguir las disposiciones de la Resolución 896 de 2022.
Con este marco normativo, el Ministerio del Deporte refuerza su compromiso con inversiones en infraestructura que sean sostenibles, inclusivas y orientadas al desarrollo integral de las comunidades.
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